Lucía tiene discapacidad auditiva y necesita usar prótesis en su vida diaria. Nada extraordinario que no debiera asimilarse a llevar gafas o un marcapasos. De hecho, ella opta a la única plaza de esa decena reservada a personas con discapacidad, con lo que la administración valenciana tiene acreditada suficientemente su pérdida de audición. Sin embargo, tuvo problemas.

 

Cuatro días antes del examen, que se realizó el pasado domingo, encontró en su correo electrónico un escrito del departamento de selección de la Dirección General de Función Pública indicándole que no le permitían realizar la prueba con sus audífonos. "Me sentí indefensa, porque forman parte de mí, y a pocos días de la prueba no tenía tiempo de hacer casi nada", explica Lucía, que no podía esperar esta respuesta aunque no es la primera vez que le pasa.

 

"Siempre explico mi caso para que puedan hacer las adaptaciones necesarias y que no me pase como hace dos años, que un tribunal me invalidó un examen por no quitarme los audífonos durante la prueba", recuerda.

 

En este caso, la Generalitat, pese tener sobradamente acreditada su discapacidad, la única solución que le dio fue que presentara un informe médico en el que quedara reflejado que quitarse las prótesis le generaba "ansiedad". "El argumento para negarle el elemento de apoyo era que alguien podía decirle la respuesta", explica Luis Vañó, presidente de CERMI Comunidad Valenciana, al que Lucía acudió buscando respaldo.

 

"Es un hecho absolutamente discriminatorio que atenta contra el derecho a la igualdad de oportunidades. Los audífonos son parte de su vida cotidiana al que no puede renunciar. Aunque argumenten que es un protocolo el que lo exige, hay que cambiarlo", insiste Vañó.

 

La denuncia de Lucía y la presión del CERMI consiguió que el domingo pueda estar en el aula de la Facultad de Geografía e Historia de Valencia para tratar de ganarse esa plaza con sus audífonos. Eso sí, antes tuvo que enviar un escrito en el que detalla el modelo de prótesis así como toda una serie de detalles que acreditan que no cumple solo una función de ayuda auditiva.

 

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"Hemos solucionado este problema denigrante, pero sabemos que ocurre de una manera más frecuente de lo que debería. Por eso, aprovechando que las conversaciones que hemos tenido por este caso con la secretaria autonómica de Justicia y Administración Pública, Mireia Llobera, le hemos pedido que se cambien estos protocolos ahora que está en revisión la Ley de Función Pública", explica el presidente del CERMI. En este punto van a encontrar el apoyo del PP, que presentará una iniciativa en las Cortes "para conocer la raíz de esta discriminación y evitar que vuelva a suceder", según asegura la portavoz de Igualdad, Marisa Mezquita.

 

La discriminación se paró a tiempo, pero la desazón que ha vivido Lucía ante una prueba que puede marcar su futuro laboral ya no tiene vuelta atrás.

 

Fuente: El Mundo